La medida dispuesta por el Gobierno es vista como una limitación a la deforestación

Así lo entendió el Presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Héctor Espina. “Es un instrumento que actúa a favor de la conservación de los ecosistemas afectados”, aseguró. Entre otros fenómenos sociales producidos por los desmontes, se destaca el incremento de la migración forzada de las poblaciones más pobres.

Las retenciones a la soja actúan a favor de la conservación de los ecosistemas afectados por este tipo de cultivos.
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Los bosques nativos tienen ahora, según la interpretación del Presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Héctor Espina, una nueva herramienta que les permita sobrevivir ante la avalancha de desmontes producidos en el afán de obtener rápidas y suculentas ganancias a través del monocultivo de la soja.

La medida dispuesta por el Gobierno Nacional de imponer nuevas retenciones a esa oleaginosa, entre otras, "ponen un límite al desmonte y ayudan a la conservación", aseguró el funcionario, una vez conocidas las disposiciones oficiales.

"El incremento en las retenciones a la soja, que se ha dispuesto desde el Ministerio de Economía, es un instrumento que indirectamente actúa a favor de la conservación de los ecosistemas afectados por este tipo de cultivos", afirmó Espina.

De acuerdo a un informe oficial elaborado en el 2004, Argentina perdió en los últimos setenta años, más del 70 por ciento de su patrimonio forestal nativo, pasando de los 107.260.000 hectáreas que ocupaba en 1935, a los 33.190.400 hectáreas de la actualidad.

Esto significa que siete décadas atrás, el bosque nativo ocupaba el 39 por ciento del territorio nacional mientras que ahora esa superficie se ha reducido al 12 por ciento del territorio, lo que representa un retroceso de 250 mil hectáreas al año.

De esta forma, el techo forestal del territorio continental del país, sin contar Antártida e Islas del Atlántico Sur, ronda el 11,26 por ciento, lo que es considerado una "cubierta forestal reducida", según establecen los índices de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Uno de los factores de esta pérdida de masa forestal son lo monocultivos, que en el caso de la Argentina, están caracterizados por la siembra de la soja, alentada por los altos precios internacionales de ese producto.

Los datos estadísticos son elocuentes: en el noreste argentino la superficie cultivada de soja creció un 417 por ciento; en el noroeste, un 220 por ciento; en la pampa húmeda, el 85 por ciento; y en otras áreas aledañas, casi un 500 por ciento, y todo esto en la campaña 1997-1998.

Esto se traduce, en las provincias norteñas, en un aumento del área sembrada de 1.500.000 hectáreas, lo que representó la deforestación de casi 2 millones de hectáreas, y solo en soja.

Ante esta grave situación, el titular de la APN celebró la medida dispuesta por el Gobierno Nacional al considerar que el aumento excepcional de los precios de la soja tuvieron su correlato en el incremento de los desmontes en zonas aún conservadas de bosque nativo, "con el impacto socio-ambiental que esto conlleva", señaló.

"Las áreas donde avanza el cultivo de la soja es donde mayor desmonte se ha verificado, interrumpiendo los corredores de biodiversidad y generando la insularización de áreas con alto valor ambiental", añadió.

En declaraciones a Télam, Espina hizo una lectura diferente de la resolución al considerar esta medida como una apuesta, no solo a la conservación de los ecosistemas, sino también, "a la equidad".

En tal sentido, el presidente de la APN destacó que el avance del monocultivo de la soja afecta a las zonas marginales, lo que produce "desplazamiento históricos" de las poblaciones allí afincadas hacia las grandes ciudades del interior del país, que se traduce en un desequilibrio "económico y social".

"Las retenciones, además de captar legítimamente recursos para una redistribución equitativa dentro de la sociedad, atenúan la presión de los intereses de los denominados ’pools de siembra’ sobre los recursos naturales y desalientan los desmontes indiscriminados", destacó.

Respecto de la medida de fuerza dispuesta por sectores del campo, dijo que se trataba de "una disputa por los rendimientos de ganancias extraordinarias".

Espina resaltó que cuando los actores económicos no contemplan el daño ambiental que provocan sus inversiones, "es el Estado quien debe establecer ciertos patrones de ordenamiento territorial para conservar la biodiversidad natural y cultural".

Los bosques nativos son imprescindibles para regular los regímenes de lluvias y capturar las emisiones de gases de efecto invernadero, además de jugar un rol fundamental en el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos.

Una insuficiente protección de las cuencas hidrográficas, graves problemas aluvionales y torrenciales, la pérdida de potencial hidroenergético, la disminución e la disponibilidad de agua, la degradación de las tierras y la pérdida fertilidad y erosión, son parte del mismo problema.

Sin contar además con la pérdida de diversidad biológica, la escasez de productos madereros y no madereros, la disminución de atractivos turísticos en áreas y paisajes forestales y los más grave de todo, la pobreza en las zonas rurales y vacíos territoriales por migraciones forzadas.